Samsung, Motorola y Xiaomi desataron una controversia al anunciar el bloqueo de dispositivos adquiridos en el mercado gris. En respuesta, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitieron un comunicado conjunto para abordar esta cuestión y proteger los derechos de los consumidores. Pese a esto, algunos consumidores ven la reacción de estas dependencias como una respuesta tibia.
La PROFECO busca poner fin a las medidas implementadas por marcas como Samsung y Motorola que afectan a los dispositivos adquiridos en el mercado gris. Esto surge en medio de preocupaciones sobre la posibilidad de que los consumidores se queden con dispositivos bloqueados y sin acceso a actualizaciones. El comunicado conjunto insta a detener de inmediato el bloqueo de estos dispositivos, argumentando que esto “afecta los derechos de los consumidores y usuarios finales”.
Además, se convoca a los fabricantes a unirse a un grupo de trabajo que incluya a todas las partes interesadas. El objetivo es identificar medidas y tomar acciones destinadas a abordar los desafíos planteados por el mercado gris, siempre priorizando la protección de los derechos de los consumidores.
¿Por qué las compañías van por el mercado gris de teléfonos celulares?
El término “mercado gris” se refiere a la comercialización de productos fuera de los canales convencionales, aunque no necesariamente ilegales. Actualmente, algunas estimaciones sugieren que el 25% de los teléfonos de marcas como OPPO, Motorola y Samsung se adquieren en este medio. El mercado gris prospera principalmente en plataformas como Amazon, Mercado Libre y otros marketplaces, donde los productos se ofrecen con jugosos descuentos.
Por otro lado, es importante destacar que estos dispositivos carecen de homologaciones y pueden plantear riesgos. Los teléfonos del mercado gris pueden no contar con una importación autorizada, lo que a su vez podría impedir que reciban soporte técnico, actualizaciones de software y carezcan de garantía en caso de fallos. Además, estos dispositivos a menudo presentan vulnerabilidades que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos y usuarios.
¿A dónde vamos a parar?
Hasta ahora, la postura de las autoridades mexicanas es buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores y la necesidad de garantizar la calidad y la seguridad de los productos. Sus llamados a formar grupos de trabajo con los fabricantes pueden ser un enfoque para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.
Pero, la eficacia y la aceptación de estas medidas dependerán de cómo se implementen y de si logran abordar adecuadamente las preocupaciones de calidad y seguridad de las empresas. Al tiempo que protegen los derechos de los consumidores y su acceso a dispositivos asequibles. El debate en torno a estas medidas continuará y evolucionará a medida que se desarrollen políticas y regulaciones adicionales.