Sistema de crédito social en China prohíbe a malos ciudadanos uso del transporte público

¿Eres de los que olvida pagar multas o declarar impuestos a tiempo? ¿Sacas a pasear tu perro a la vía pública sin la debida correa? ¿Alguna vez te apoderaste de varios asientos en el metro para ir un poco más cómodo? Si estuvieras en China, ya estarías completamente vetado en los aeropuertos y estaciones de tren de alta velocidad, de hecho, ni siquiera podrías salir del país. Desde el año pasado, China anunció que pondría en marcha su polémico sistema de crédito social, y un nuevo informe del gobierno señala que en 2018 se bloquearon 17’500,000 boletos de pasaje para avión o tren a causa de una baja puntuación social.

Por si fuera poco, el órgano de fiscalización y crédito de China señaló que 128 individuos no pudieron salir del país pues no habían pagado impuestos. Desde hace varias décadas, China está reformado profundamente su estructura social y en este proceso el crédito social es una de las medidas más polémicas pues, según el Partido Comunista, las penalidades gestionadas por este sistema permitirán organizar mejor a la sociedad y garantizarán un comportamiento correcto.

“Una vez que pierdas la confianza, enfrentarás restricciones en todos lados”, es el lema principal que ha venido manejando la campaña del gobierno chino en redes sociales.

El Big Brother contra los chinos piratas.

Sin embargo, China tiene mucho que resolver, como las abundantes copias ilegales de productos y los fraudes en diversas industrias, cosa que le ha valido mucha mala fama en el mundo entero. Aunque parezca contradictorio, esta clase de fraudes termina afectando al mercado interno chino: aquellos que tienen el poder adquisitivo optan por importar artículos indispensables como fórmula para bebé o menos esenciales como el alimento para mascotas, pues los productos adulterados ya han provocado la muerte de niños y animales en el pasado.

De hecho, en algunas regiones de Australia existen figuras denominadas “daigous” que acaparan los estantes donde se exhibe leche en polvo para revenderla a un precio superior en territorio chino, situación que incluso ha provocado episodios de desabasto en el mercado australiano. Los supermercados han intentado controlar el problema limitando a dos el número de latas que venden a cada cliente, pero los estantes se siguen vaciando apenas son resurtidos.

Por eso, el crédito social está implementando penalidades también para las empresas como una forma de elevar el nivel de los productos. Los castigos van desde la prohibición para importar piezas y materia prima hasta la cancelación de sus líneas de crédito. Además, aquellos empleados con baja puntuación también tienen prohibido desempeñarse como gerentes o representantes legales de las empresas. El mismo informe señala que 290,000 personas fueron bloqueadas de estos puestos tan sólo en 2018.

Según el gobierno, el sistema de puntuación social ha obligado a 3.5 millones de chinos a “cumplir de forma voluntaria con sus obligaciones legales”. Entre estos, 37 individuos que pagaron la suma de 140 millones de yuanes (unos US$ 22 millones) en multas vencidas y artículos confiscados.

Un gran rompecabezas.

Aunque el informe dibuje un panorama optimista, los chinos han evitado la divulgación de datos sumamente delicados. Uno de los más interesantes es el número de individuos que habitan en las regiones donde ya funciona este sistema de crédito social. Aunque anunciaron que pretenden implantar el sistema a nivel nacional para 2020, todavía no ofrecen detalles del funcionamiento. Más allá de estas restricciones en el transporte público, existe la preocupación de que se prohíba el acceso a la educación a los infractores, lo que resulta extremadamente delicado.

Otra preocupación importante es que los ciudadanos no tienen forma de saber cuál es su puntuación en el sistema de crédito social, y tampoco les ofrecen información sobre cómo salir de la lista negra. Varios activistas de derechos humanos han denunciado que algunas minorías étnicas y religiosas fueron obligadas a proporcionar muestras sanguíneas e imágenes de su iris para alimentar la base de datos genética con la clara intención de ejercer un mayor control sobre estos grupos.

Huellas dactilares, rostro, iris y ADN.

Un hombre de 38 años llamado Tahis Imin, que pertenece a la minoría Uighur, relató que lo coaccionaron para proporcionar una muestra sanguínea, huellas dactilares, una grabación de voz y una imagen de su rostro durante una campaña de “revisión médica gratuita”. Sin embargo, los supuestos médicos no realizaron los procedimientos básicos de una consulta como la auscultación, y le notificaron que no tenía derecho a saber el resultado de los exámenes. En regiones como Sinkiang, donde se concentran algunas minorías, las autoridades de cada localidad realizaron llamadas telefónicas a los habitantes para notificar que estos exámenes eran obligatorios.

Según una publicación del NYT, el objetivo del gobierno chino es lograr que los Uighur se muestren más condescendientes con el Partido Comunista. Con una base de datos tan completa, la persecución de cualquier miembro disidente resulta más fácil. Miles de uighures han sido enviados a campamentos de “entrenamiento para obtener empleo” que, de hecho, son campamentos donde les lavan el cerebro para inculcarles ideas políticas más afines al gobierno.

Las empresas occidentales que proporcionaron la tecnología para esta recolección de datos entre las minorías chinas, anunciaron hace poco que abandonarán sus actividades en la zona de Sinkiang.

Control total.

Parece que el gobierno de China está realmente decidido a sacar ventaja del poder computacional y otras tecnologías para controlar de forma total a los ciudadanos, historia digna de una distopía con final trágico. Un sistema como este, que posibilita el control (e incluso exterminio) de grupos minoritarios, podría convertirse en un genocidio que dejaría en ridículo al Holocausto.